La mejor arma revolucionaria, hoy, es la ke no disparen.
El uso institucional o legal de un arma letal está proscrito para toda
situación ke no revista la amenaza inminente a la vida de un “inocente” (el
término es propio del argot castrense para significar, sobre todo, un no
“bandido” o guerrillero), o a la del propio facultado funcionario público para
dispararla: policía o soldado.
Como la guerrilla es, por consideración estatal y de buena parte de la
sociedad, una amenaza, de la latencia, pasada a la inminencia, el Estado
no aguarda, como en tiempos de Pastrana, por ejemplo, la incursión
guerrillera, ahora, eso sí, con similar furor y hambre sanguinolenta, kizás, a
la época uribeña, el Estado la arremete.
Por tanto, ni un soldado, ni un policía, empuñan armas revolucionarias.
Pero, además, para no desentenderme de la teorética respectiva, vale
decir, ningún Estado, en el sentido marxista-engelsiano de garante del
desekilibrio entre clases sociales en favor de una dominante, es causa o
promotor consciente de su propia revolución socialista o por el ekilibrio
social; esto según la vieja concepción del paradigma histórico-científico
hegeliano reinterpretado, inglés e inadecuadamente, por Berlin como:
tesis-antitesis-síntesis. En otras palabras, en su contexto local-nacional,
ningún Estado es revolucionario sin la perversión, inversión o destrucción
de su propio sistema político actual por el cual se mantienen las
condiciones de dominación existentes. Consecuentemente, un agente
estatal armado sólo emprende el acto revolucionario a través de su auto-
negación ke inexorablemente conduzca a su auto-destrucción, no digo
hasta ké punto físico, inclusive, por no entrar akí en categorizaciones
morales. En uno de los consabidos tropeles univallunos, para ponerlo en
tono tropical, escuchaba a un estudiante gritarle a un policía del Esmad:
“tombo, toma conciencia, suicídate”.
Por otra parte, la justificación moral estatal nada tiene ke ver con la
muerte, nada ke ver con muertes violentas. Esto no kiere decir ke, en su
ánimo teleológico, el Estado no asuma su papel como protector de la vida
de sus asociados, sino ke en la consecución del fin — ¿cuál?, se
preguntarán muchas personas— invierte pérdidas de vidas humanas,
dados de baja, daños colaterales, y otros términos ke puedan resultar en
eufemismos para crímenes de Estado —contradicción práctica, acaso
¿insalvable?—. Aunque la delincuencia común genere más muertes y/o
asesinatos, ella no hace parte preponderante de las razones de Estado,
pues ella es connatural al sistema político, en tanto éste no a todxs nos
puede tener contentxs consumidorxs-consumistas o dichosos productores.
La guerrilla, en cambio, distinta de la delincuencia común, es una anomalía
rekerida. Por un lado, “es el principal problema ke tiene el país”, y por la
cual se justifica la fuerza estatal y en buena parte el régimen legal. Y, por
otro lado, siendo la guerrilla parte de nuestro aire, no me imagino cómo
sería la vida sin ella: ¿estaríamos peor? El único intento de oposición
existente en Colombia, acertado o no—de “bandidos” o “revolucionarios”—, al sistema, o menos, al gobierno, es decir, a los gobiernos, es decir, a los intereses de la banca. Pero, ¿ké tipo de anomalía preferimos?
Pero desacelero. Si recordamos, o si echamos un ojo a la prensa de las
últimas 3 o 4 elecciones presidenciales, una conclusión altisonante, casi
verdad de Perogrullo, es ke han sido las fuerzas subversivas las ke han
diseñado y elegido mandatario. Primordialmente, han sido las FARC-EP
kienes han escogido contrincante. Ké irresistible lógica watsoniana (del
Watson de “Batman el caballero de la noche”. Aunke también podría ser
de Schmitt): “yo no kiero eliminarte (enemigo mío), tú eres mi razón de
ser”. Lo ke, lógicamente, implica: “sin mi enemigo, desaparezco”.
Más lento. La lógica —por lo menos la de la intentona del círculo vienés—
no rebasa la realidad y, aún más, la misma realidad colombiana, como
sabemos, desborda la realidad: si entendemos la paz como resultado
morilloiano: pacificación por desaparición de la subversión, por vía del
anikilamiento, o ya por vía política o navarro-wolfiana: prebendataria; pues
la paz no pasará de ser palabrería sustento del próximo presidente en su
campaña y de sus reformas gubernamentales pro statu quo. Y tal como
antes, si le elegimos, es porke no estamos en guerra. O si lo estamos, aún
no nos enteramos. Aunke la padecemos, no la reconocemos y, en tanto no
la asumamos, no estaremos a tiempo de paz.
Me detengo. O, atención, la paz sea—distinto del tenor de Morillo—
producto de la eliminación o transformación de las causas ke originaron la
germinación hasta la explosión, hacia la mitad del siglo XX, del fenómeno
subversión —y con ello del conflicto social armado y político—. Es decir, ke
la paz sea el resultado de la superación de esas causas porke lxs
colombianxs hayamos acordado y efectuado una reforma agraria real—la
ciencia ficción suele ser derrotero de lo futurible—. Así, pues, en este caso,
la subversión no tendrá razón para existir y, consecuentemente, el próximo
presidente tendría ke contar con algo más ke
venezolano-experto-
publicista-en-mercado-tecnia, a la hora de presentarnos su plataforma
política, para lograr el favor del pueblo.
Me devuelvo. La
estupidez: un arma portada en silencio, ke no se dispare,
ke no hace parte de la institución estatal, es, no sólo símbolo de la
revolución en Colombia, sino el acto revolucionario ke ya nadie espera, o
muy pocos aguardamos, de un Ejército del Pueblo. Éste ejército se
caracterizaría por posar con sus armas frías. Creo ke por desconfianza o
paranoia bien fundadas en lo histórico-actual, es válido y aceptable el
rechazo a entregar las armas por parte de éste ejército; un cese al fuego
no debe implicar una entrega de las armas guerrilleras, sino, como
alternativa hacia la paz, una especie de preter-institucionalización de ellas.
Esto es, un rango excepcional de la institucionalidad en el ke miembros no
funcionarios públicos (guerrilleros) sean facultados, respecto al porte de
armas, tal cual como es facultado un agente estatal.
Por tanto, y con esto se recupera la intención institucional, los guerrilleros
armados, antes ilegales, ahora exceptuados de la ley sobre porte de armas,
estarían expuestos a los perjuicios legales por el uso antijurídico de esas
armas, ahora, amparadas por el Estado. De tal manera ke ese uso ilegal se
circunscribiría al de la legítima defensa. Dicho de otro modo, un guerrillero
sólo accionaría su arma en defensa de su vida. Claro está, esto demanda el
compromiso dialógico, inicialmente, entre Estado y guerrilla, con la
sociedad (nacional e internacional) como juez de la puesta en escena de la
excepcional medida, ke, entre otras cosas, presupone una disminución de
acción de fuego, vale decirlo.
Aunke reconozco ke esto podría interpretarse como una especie de
paramilitarización de la guerrilla, la diferencia es ke la medida apunta al
desarme definitivo de una fuerza de antaño armada; en lugar de la
armización de un sector de la sociead, como en su tiempo lo propuso la
idea contenida en las nefastas “Convivir”, embrión del paramilitarismo en
Antiokia de los 80. Otra lectura podría replicar ke sería la
institucionalización de dos ejércitos al interior de un mismo Estado; a lo
cual basta advertir ke no ha sido el intento de negación, invisibilización u
ocultamiento, de la subversión por parte de la institucionalidad, una
medida ke haya dado resultado distinto de la exacerbación violenta del
conflicto social y político colombiano.
Ahora bien, esta medida sería transitoria hasta tanto no se consolide el
proceso de paz, según los acuerdos ke entre sociedad, Estado y guerrilla se
surtan. Pero, en tal escenario, estaríamos ante una guerrilla madura, como
debe serlo una con tanta trayectoria ke, por fin, considera el silenciamiento
de sus armas por la expansión de su ideario, ke se constituye
revolucionario en tanto práctica coherente con su discurso. Sería, así,
desvirtuar la política guerrerista estatal, y una anomalía deseable por una
significativa parte de la sociedad, conmigo incluido en esta parte.
Como se puede deducir, la paz, en las tipicidades colombianas, demanda
un esfuerzo de todas las partes para contemplar, evaluar e intentar
medidas distintas a las tradicionales o normalmente institucionales. La
guerra como expresión del conflicto social y político colombiano es una
cepa cancerígena con la ke nos hemos habituado a vivir, en tanto nos
degrada la calidad vital, y la ke, al correr de tiempos, tiros, muertes y
gobiernos, ha desarrollado un alto grado inmunológico; es necesario
considerar la amputación no violenta (clínica), sobre todo de akellas partes
ke persisten en la imposición violenta del derecho, de las creencias, de una
política, de un pensamiento, mediante la norma o las armas, o una
“perfecta combinación” de estas. Tal es una demanda social si keremos
curarnos de la
siempreviva, hasta ahora, tradición colombiana anikilante de
lo opuesto y de la diferencia.
p.
pd.:
¿Serán tan estúpidos guerrilla y Estado, este para acceder al ámparo de las armas guerrilleras, akella para revelar su pié de fuerza real?
¿Ké tan estúpidxs hemos sido todxs?
